AVES DE RAPIÑA SOBRE CITGO

Tomo prestado el título del libro Aves de rapiña sobre Venezuela, del  dirigente comunista Juan Bautista Fuenmayor. El autor se refiere al período 1945- 1950 y, aunque no compartimos su contenido,  el título es, mutatis mutandis,  apropiado para señalar a los políticos que  integran la fauna de rapiña que destrozó  a CITGO y a los empresarios, abogados y otros  que mienten para beneficiarse o por deseo de figurar. Algunos hacen lobby,  que es legal en Estados Unidos pero deben registrarse y en Venezuela lo procedente es que  jueguen  con las cartas sobre la mesa. 

El  ave de rapiña que no era águila El presidente Hugo Chávez gustaba  compararse con un águila, pero no llegó a volar. Cuando asumió el poder encontró que CITGO estaba bien manejada, pero después del 2003 utilizó a la empresa para apuntalar su proyecto político, designando   directivas que no cumplían los requisitos de meritocracia. Al respecto será  necesario investigar las gestiones de Luís Marín y de Alejandro Granados.  Además,  expropió  empresas extranjeras como la minera Crystallex y  a la petrolera ConocoPhilips, entre otras, sin considerar que  las mismas reclamarían sus derechos ante organismos internacionales como el CIADI. Como el gobierno no cumplió con las decisiones de compensación aprobadas en  esa instancia, las empresas afectadas acudieron  a un tribunal en Estados Unidos y demandaron a CITGO, logrando  que un juez, sin base sólida, sentenciara que CITGO y el gobierno venezolano eran lo mismo, o sea la  figura del alter ego.  

El zamuro Nicolás Maduro: En el 2016, el  ave de rapiña carroñera que usurpa Miraflores requirió dinero para seguir despilfarrándolo en el proyecto político iniciado por Chávez. Para lograrlo, obligó a CITGO a declarar dividendos no generados,  y  ofreció   a la petrolera rusa Rosneft el 49,9 por ciento de las acciones de CITGO como garantía para obtener un préstamo. Además, para poder refinanciar los Bonos de la deuda pública 2017, ofreció a los portadores el restante 51,1 por ciento de garantía para que aceptaran  una nueva emisión denominada PDVSA 2020. Esa emisión fue ilegal por no haber sido aprobada por la Asamblea Nacional electa en el 2015. Recientemente, otro tribunal hizo caso omiso a la ilegalidad de la emisión de los Bonos de acuerdo a la Constitución venezolana.  

Otras voces con aparente  interés personal: Muchos han intentado obtener aunque sea un pedazo de cuero de nuestro principal activo en el exterior. Algunos abogados  que no pueden ejercer en Estados Unidos han dado opiniones que no compartimos, pero que tienen derecho a emitir. Lo censurable es que se crean dueños de la verdad  y arremetan  en contra de la Junta Administrativa Ad hoc de PDVSA presidida por Horacio Medina, alegando que  por no hacerles caso  CITGO se perdió o está a punto de perderse. Otro, que representó  a un reducido número de trabajadores despedidos ilegalmente de PDVSA en el 2002-2003, ha pretendido  que la directiva de CITGO, sin decisión de un tribunal, compense a quienes dice representar, lo que no es posible legalmente. En el grupo también  hay un exsindicalista, que fue despedido después del 2003 por razones que desconocemos, que pretende agarrar una tajada.  Así mismo, un señor Alejandro Terán que tiene relaciones con el régimen de Maduro, pretende descalificar a quienes han defendido a CITGO desde el 2019 y logrado que todavía no se haya concretado  la venta forzada.  

Los hermanos resentidos:   Delcy y Jorge Rodríguez que usurpan  la vicepresidencia de Venezuela y la presidencia de la Asamblea Nacional, respectivamente,  no han podido superar el resentimiento del asesinato de su padre ocurrido en 1976 mientras estaba preso por supuesta participación en el secuestro del estadounidense Nihaus.  No toman en cuenta que los culpables fueron sentenciados y que ninguno de los actuales políticos tuvo que ver con ese inaceptable hecho. Maduro los utiliza para mentir intentando lavar la cara al régimen. En este caso tienen la extravagancia de querer retirar la ciudadanía a Juan Guaidó, Dinorah Figuera,  Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y a Horacio Medina por el caso CITGO. 

El error de los demandantes:   Si se concreta la venta forzada de CITGO, la mayoría no podrá cobrar. El total de las 17 demandas monta a unos 21.300 millones de dólares, mientras que la empresa fue adjudicada a Amber Energy por 5.900 millones de dólares. Cometieron el error de no aceptar la sugerencia de esperar el próximo cambio de gobierno que está dispuesto a reconocer deudas legales que pagaría dentro del marco de  refinanciamiento de la deuda nacional. En la apelación en curso, la Junta Ad hoc de PDVSA alega, que “el proceso de venta forzada tiene deficiencias e irregularidades, entre ellas un conflicto de interés entre los asesores del Maestro Especial de la Corte y los oferentes ElIiot y  portadores de Bonos PDVSA 2020”.  

Como (había) en botica:  Los hundimientos de una veintena  de lanchas portadoras de cocaína, con la muerte de unos 80 personas son actos criminales e innecesarios.   El caso del 2 de septiembre es el más repudiable, ya que de las once personas que llevaba la lancha, por lo menos siete deben haber sido compatriotas intentando huir de Venezuela,  como lo indica el número en las otras lanchas  que eran solo tres o cuatro personas.  Ahora sale a relucir que hubo  otro disparo para rematar en el agua a dos sobrevivientes ¡ Inaudito! Alejandra Romero es la jueza que sentenció a 30 años a Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González y sin actividad política, y a   Luís Guillermo Istúriz, activista de Vente Venezuela, lo sentenció a 20 años. El régimen de Maduro cometió otro atropello al encarcelar a José Elías Torres, vicepresidente(e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! 

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