LA ANTIDEMOCRACIA AMANAZA AL

¿Peligra la democracia en Latinoamérica? El rasero chavista

14 de junio de 2021 por Humberto García Larralde

El triunfo electoral de Pedro Castillo en Perú expresa, para algunos, la amenaza de opciones políticas contrarias a la democracia, identificadas con el Foro de Sao Paulo. El próximo país en sucumbir podría ser Colombia, con elecciones el año entrante, preso actualmente de una protesta que no amaina. Similares protestas ocurrieron en Chile y Perú (y la misma Colombia) en 2019. Además, estarían los cambios en puertas en Chile, dado el sesgo de izquierda con que resultó electa la asamblea que habrá de redactar su nueva Constitución, y las expectativas de que retorne al poder Lula en Brasil, ante la desafortunada gestión de Jair Bolsonaro. ¿Significa el resurgimiento de fuerzas identificadas de una forma u otra como de “izquierda”, un proyecto para acabar con la democracia liberal en el continente? Las experiencias de la Venezuela chavista, de Nicaragua con Ortega, como de Cuba, no dejan dudas al respecto. ¿Podemos suponer que fuerzas afines en otros países seguirán su camino?

Los venezolanos confiamos en que ninguno de nuestros vecinos latinoamericanos habrá de emular un proceso como el chavista, que destruyó a uno de los países más prósperos del continente y acabó con sus libertades democráticas. Sería suicidio. Pero los discursos redentores de líderes populistas tienen un asombroso poder de contagio, más con los estragos del covid-19. Tocan sensiblerías comunes a Latinoamérica, señalando al “imperio” y a una difusa “oligarquía” como el origen de todos nuestros males, y prometiendo cortar el nudo gordiano de las instituciones de la democracia representativa para darle protagonismo directo al Pueblo (mayúscula). El chavismo ilustra algunos de estos aspectos.

El origen comicial de la presidencia de Chávez no impidió calificar a su gestión de autoritaria, aunque “competitiva”, según algunos analistas: convocaba a elecciones, pero cada vez más dominadas por el ventajismo oficialista, en el marco del desmantelamiento del Estado de Derecho y la violación creciente de los derechos humanos. Esto se acentuó con su sucesor, quien hizo inhabilitar a partidos y dirigentes opositores con un Poder Judicial pro-chavista, usó abiertamente los recursos del Estado para promover a candidatos oficialistas, acosó a las fuerzas opositoras y le dificultó el acceso a la totalización de votos. La supresión del ordenamiento constitucional culminó, como sabemos, en la anulación de los poderes de la representación popular en la Asamblea Nacional 2015-2020 y en comicios amañados para designar una asamblea constituyente en reemplazo, y para reelegir a Maduro como presidente. Tales trampas fueron desconocidas por más de 50 países democráticos. Junto con los informes de la alta comisionada y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más denuncias de la OEA y de numerosas ONG, no dejaron dudas acerca del carácter dictatorial del régimen de Maduro. Pero resultó ser una dictadura sui géneris, diferente a las que asolaron a América Latina el siglo XX, asombrosamente resiliente, que ha podido sobreponerse a su notoria impopularidad, a la severa crisis económica provocada por sus políticas y al rechazo y a las sanciones de las principales democracias del mundo.