Por Trino Márquez
Me parece llamativa la composición del más reciente gabinete ministerial designado por Nicolás Maduro, que ocurre en medio de las conversaciones entre representantes del oficialismo y la oposición, todos civiles. 10 de los 34 integrantes del tren ejecutivo provienen del estamento militar, tal como con agudeza destacó Control Ciudadano, la organización no gubernamental dirigida por Rocío San Miguel. No se trata de despachos marginales, adornos en la estructura del gobierno, sino de ministerios fundamentales para la conducción del país, verdaderos centros de poder que administran cuantiosos recursos.
En el ya casi remoto pasado del período democrático, el Ministerio de Relaciones Interiores era conducido por un civil. Generalmente estaba en el cargo un miembro fundamental del partido gobernante. Un dirigente con aspiraciones y posibilidades de ser candidato presidencial del oficialismo. Se entendía que fuese así porque el jefe de ese despacho llevaba las relaciones con las instancias endógenas del poder nacional y con los factores y fuerzas sociales internas. El ministerio proporcionaba una plataforma para proyectar la imagen de estadista del titular y permitía que este conociera los intríngulis del Estado. La presencia de un líder político en ese era símbolo de la catadura civil del Estado y del gobierno. Ni siquiera en los momentos más ásperos del enfrentamiento con Fidel Castro y la guerrilla que este promovió y financió, a Rómulo Betancourt o a Raúl Leoni se les ocurrió designar a un militar activo para esa cartera.
Con el actual régimen se produjo un cambio radical. Los ministros del Interior, Justicia y Paz, como se les denomina desde hace algún tiempo, son militares activos, para que quede claro que el actual es un gobierno militar-cívico, en ese orden, a pesar de que a México solo se trasladaron civiles en representación del Ejecutivo. Que no haya dudas ni nadie se haga el sorprendido.
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